Por Cassandra Burke Robertson — The Conversation
La campaña presidencial de Donald Trump para las elecciones de 2024 se centró en las promesas de que adoptaría medidas drásticas contra la inmigración.
“El primer día, iniciaré el mayor programa de deportación de delincuentes de la historia de Estados Unidos”, prometió Trump en un mitin celebrado en el Madison Square Garden a finales de octubre de 2024.
Tras ganar la elección, sugirió en un mensaje publicado el 18 de noviembre en su red social, Truth Social, que podría utilizar al Ejército estadounidense para lograr su objetivo, declarando una emergencia nacional. En otras ocasiones, Trump y funcionarios de su campaña han anunciado planes para activar la Guardia Nacional y las fuerzas policiales locales con el fin de ayudar en la aplicación de la ley de inmigración.
Y este lunes, antes de su juramentación, el equipo del presidente electo dijo que firmará una serie de órdenes ejecutivas en su primer día en el cargo, incluyendo ordenar al Departamento de Defensa que despliegue personal en la frontera, incluyendo a militares armados y a miembros de la Guardia Nacional.
Como profesora de Derecho, he estudiado la compleja intersección entre el poder ejecutivo y la aplicación de las leyes de inmigración.
Mis investigaciones sugieren que Trump puede tener cierta autoridad legal para desplegar las fuerzas armadas con el fin de asegurar la frontera. Sin embargo, los obstáculos prácticos y constitucionales harán que sea extremadamente difícil para él cumplir con su plan de deportaciones masivas.
Qué pueden hacer los militares y qué no
Los requisitos legales para involucrar a los militares en la aplicación de las leyes de inmigración son complicados.
Ninguna ley impide explícitamente a Trump utilizar recursos militares estadounidenses para las deportaciones. Diferentes normas legales rigen las fuerzas militares, las fuerzas de defensa del Estado y la aplicación de la ley civil. Eso significa que la legalidad depende no sólo de si se utiliza el Ejército, sino también de cómo.
En primer lugar, Trump puede solicitar la ayuda de la Guardia Nacional, una fuerza militar única con doble función, para vigilar la frontera. La Guardia Nacional es principalmente una fuerza militar estatal bajo el control de los gobernadores, pero el presidente también puede activarla para una misión federal.
Como explicó el Servicio de Investigación del Congreso, una agencia gubernamental, en un informe de 2023, “existen precedentes de despliegues de unidades de la Guardia Nacional en la frontera suroeste para ayudar en el control de la inmigración”. Los presidentes Barack Obama (demócrata) y George W. Bush (republicano) enviaron tropas de la Guardia Nacional para ayudar en la seguridad de la frontera sur.
Trump estaría entrando en un terreno legal más débil al utilizar a miembros de las fuerzas armadas regulares para llevar a cabo actividades directas de deportación, como arrestar y detener a personas. La Ley Posse Comitatus prohíbe en general el uso de las fuerzas armadas federales para hacer cumplir las leyes nacionales.
Pero puede utilizar a los militares en funciones de apoyo. El Título 10 del Código de Estados Unidos especifica que los militares pueden “entrenar y asesorar a los organismos civiles encargados de hacer cumplir la ley” y proporcionar otros tipos de apoyo. En la práctica, los militares probablemente podrían dar a los funcionarios de inmigración y otras entidades policiales asesoramiento experto y formación, y prestarles equipos.
En cuanto a la propuesta de Trump de alistar a las fuerzas de seguridad locales en la aplicación de la ley de inmigración, eso dependería de su cooperación voluntaria.
Una enmienda de 1996 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite al Gobierno federal delegar en agentes de las fuerzas de seguridad estatales y locales determinadas funciones relacionadas con la inmigración. Sin embargo, no se puede obligar a las fuerzas del orden a participar.
Hasta ahora, la policía de algunos condados de Maryland, Carolina del Norte y algunas otras jurisdicciones han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración. Otros departamentos de policía ya han declarado que no cooperarán en las deportaciones, entre ellos Los Ángeles, Boston y Tucson Sur.
Un costo de 315,000 millones de dólares
Cualquier esfuerzo de deportación masiva se enfrentaría a enormes desafíos prácticos. Trump ha dicho que tratará de deportar a “probablemente 15 millones y tal vez hasta 20 millones” de personas.
La organización sin fines de lucro American Immigration Council calcula que hay 13 millones de personas en Estados Unidos sin estatus legal permanente, y expulsarlas a todas costaría al menos 315,000 millones de dólares. El presupuesto actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es de unos 8,000 millones de dólares.
Más allá de la carga financiera, las deportaciones masivas perturbarían considerablemente la economía estadounidense, en particular los sectores de la construcción y la agricultura.
Más del 20% de los trabajadores de la construcción son indocumentados, y el porcentaje es aún mayor en puestos especializados como los instaladores de paneles de yeso y azulejos, de los que se cree que más de un tercio son indocumentados. En las zonas con mayor demanda de trabajadores de la construcción, como las regiones de California afectadas por los incendios forestales, la escasez de mano de obra provocada por las deportaciones sería especialmente grave.
La agricultura también se enfrentaría a una importante escasez de trabajadores: el 40% de los agricultores carecen de permiso de trabajo, según estimaciones del Gobierno.
Batallas legales por delante
Tal vez el reto más importante radica en garantizar la protección de los derechos civiles.
Trump ha comparado sus planes de deportación con los esfuerzos del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950, un paralelismo histórico que plantea serias preocupaciones. Durante esa campaña de 1953-54, la Patrulla Fronteriza trabajó con funcionarios locales para enviar de vuelta a inmigrantes mexicanos a través de la frontera sur. En ocasiones se deportó injustamente a ciudadanos estadounidenses.
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Asimismo, en las campañas de deportación masivas llevadas a cabo durante la Gran Depresión, entre los años 1929 a 1939, una investigación del senador por el estado de California Joseph Dunn descubrió que cerca del 60% de las personas deportadas eran en realidad ciudadanos estadounidenses nacidos de familias inmigrantes.
También hoy, los agentes de inmigración detienen e incluso deportan regularmente a ciudadanos estadounidenses. Los ciudadanos representan aproximadamente el 1% de todos los inmigrantes detenidos, según un estudio realizado por un académico de la Universidad Northwestern.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno informa de que, entre 2015 y 2020, ICE detuvo a cientos de ciudadanos estadounidenses. Al menos 70 fueron deportados, y probablemente muchos más cuya ciudadanía no fue confirmada.
Históricamente, la Corte Suprema ha considerado ese error como algo inaceptable.
Sería mejor que muchos inmigrantes fueran “admitidos indebidamente”, escribió la corte en 1920, a que un solo ciudadano fuera “excluido permanentemente de su país”.
La Corte Suprema nunca se ha retractado de esta posición, y los tribunales federales han intervenido históricamente para bloquear los esfuerzos de deportación por la vía rápida que carecían de las protecciones del debido proceso.
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En 2019, durante la primera Administración de Trump, la jueza de distrito de Estados Unidos Ketanji Brown Jackson --ahora magistrada de la Corte Suprema-- emitió una orden preliminar para detener los procedimientos de deportación acelerada que no daban a las personas las garantías legales adecuadas. Tras muchas disputas legales, el caso fue finalmente desestimado después de que la Administración Biden cambiara de política.
Es probable que surjan nuevos casos con el regreso de Trump. Sus deportaciones masivas propuestas son más amplias en su alcance que sus esfuerzos anteriores, y las organizaciones de derechos civiles ya se están preparando para desafiarlas legalmente.
“Las acciones de Trump en inmigración van en contra de las protecciones de la Constitución y los estatutos promulgados por el Congreso”, se lee en el sitio web de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). “Y le haremos responder por su anarquía en los tribunales”.
La cuestión clave aquí no es solo si Trump puede desplegar legalmente activos militares para deportar personas. Es si un programa tan masivo puede ejecutarse respetando los derechos constitucionales y manteniendo la estabilidad económica.
Basándonos en nuestra investigación, la respuesta parece ser que no, y esperamos turbulencias legales desde el principio del segundo mandato de Trump.