DESMONTAR LA FARSA ELECTORAL QUE INTENTA EL RÉGIMEN Y TORNARLA SU DERROTA

Las elecciones del año 2024 atienden propósitos distintos para el régimen y para los venezolanos. Nicolas Maduro las considera un mecanismo que puede manipular para mantenerse ilegítimamente en el poder por seis años más. Para la ciudadanía representan un derecho constitucional mediante el cual se puede, pacíficamente, remover del gobierno a quienes por veinticinco años han destruido la nación, y reemplazarlos por nuevos liderazgos que conduzcan una transición genuina de Venezuela a la democracia e impulsen su desarrollo, sostenible y en paz.

El régimen dictatorial que ocupa el poder no contempla la posibilidad de ser reemplazado, y utiliza toda clase de herramientas, legales e ilegales, para que los venezolanos abandonemos la lucha firme que todos estamos obligados a dar para provocar la transición a la democracia. Y las combina en una estrategia abominable que busca mantener la falsa percepción de que su mandato ha sido legítimamente ratificado.

El régimen ha marcado las elecciones presidenciales que manda la Constitución para 2024 con la persecución sistemática de dirigentes opositores y con iniciativas para que la oposición sustituya el liderazgo que escogió por abrumadora mayoría en las elecciones primarias de octubre de 2023. A ello se suma, en la estrategia comentada, la reciente convocatoria anunciada por el CNE para realizar las elecciones en julio del presente año.

Las implicaciones y la inviabilidad de una sustitución del candidato presidencial

Las transiciones políticas, como la que aspira Venezuela, pueden pasar por un proceso de elección presidencial, pero implican mucho más que un cambio de gobierno y no se decretan; son procesos que se gestan y desatan del aprendizaje de las sociedades, cuando el sufrimiento, la incertidumbre y la injusticia encuentran la fuerza en un líder que encarna el sentimiento y hace posible la estrategia para avanzar. Ellas requieren de una audacia sólo equiparable a la urgencia por el cambio, y el líder emerge porque se le reconocen atributos de visión, justicia, integridad y coraje para conducir la transición, que otros no pueden emular.

En fin, el debate sobre la designación de un candidato sustituto de la oposición democrática a las elecciones de 2024 implica renunciar a la posibilidad de una transición a la democracia, hoy encarnada en María Corina Machado como líder del proceso, legitimada por la sociedad. En otras palabras, ese debate tiene como única finalidad impedir el cambio político, pero tal claudicación no es posible porque un liderazgo así legitimado no se puede ceder, heredar o transferir.

El régimen se sabe derrotado en cualquier escenario real de consulta de la voluntad popular, especialmente si ella incluye a María Corina Machado, quien no es simplemente una candidata, sino el líder de la Venezuela posible, escogido por las bases de la sociedad para conducir nuestra transición.

Por ello el régimen promueve la sustitución del líder a través de algunos miembros de las élites económicas, políticas e intelectuales que ha cooptado a lo largo de veinticinco años usando la extorsión, la represión y el soborno. Se trata de grupos o individuos que, por temor, comodidad, interés o insensatez, han cerrado sus ojos frente al dolor del país; actores que alimentan el constructo perverso de “buscar que amplíen el tamaño de nuestra jaula”, que actúan en una estrategia mediocre y cortoplacista, pues en algún momento el régimen también arremeterá contra ellos. A estos actores les ha llegado el tiempo de rectificar, de lo contrario, el libro de la historia está abierto y en proceso, y el juicio posterior les será devastador.

La convocatoria del CNE implica la ilegitimidad y la simulación de las elecciones.

La legitimidad del proceso electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los venezolanos elijamos al presidente de la republica el próximo 28 de julio está en serio cuestionamiento, no sólo porque existen candidatos inconstitucionalmente inhabilitados a quienes se les impide participar, sino porque no se permite el voto de unos diez millones de ciudadanos, cifra que incluye a los nuevos votantes, a quienes no han actualizado su registro y a los millones de venezolanos forzados al destierro que residen en el exterior. Además, el proceso es una simulación de elecciones libres porque el régimen persigue a los lideres de la oposición que hacen campaña electoral, lo que se muestra, entre otros hechos, en las violentas y ya sistemáticas agresiones a María Corina Machado, en el abierto amedrentamiento a los miembros de su equipo y en las detenciones ilegales y las desapariciones forzosas de ciudadanos como Luis Camacaro, Juan Freites, Guillermo López y Rocío San Miguel.

El cronograma electoral establecido por el CNE, ajustado a hitos de la historia del chavismo, además de inconveniente por los lapsos previstos, es inconstitucional e inaceptable por irrespetuoso de los derechos ciudadanos. Sin embargo, el régimen lo justifica afirmando que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional Electoral (CNE). ¿Dónde estuvo la participación de los rectores del Consejo que dicen representar los intereses de las mayorías democráticas? ¿Quién postuló a esos rectores?

¿Cuál es el reto y cual la solución?

El reto para los venezolanos es forzar al régimen a participar en una elección que ofrezca garantías efectivas a la oposición; es no prestarse a las maniobras de la sustitución del líder que escogimos, y, si el régimen pretende arrebatarla de las manos del pueblo, forzarlo a hacerlo exponiéndose claramente ante la nación y toda la comunidad internacional.

Y la verdadera y única solución es volver al Acuerdo de Barbados y rehabilitar a todos los candidatos, echar atrás la convocatoria del CNE y modificar el cronograma electoral, traer observadores internacionales confiables y dar las más amplias condiciones para que todos participemos libremente. De lo contrario, las elecciones serán ilegitimas, el país seguirá aislado y nosotros los venezolanos continuaremos siendo parias a nivel internacional.

Caracas, 11 de marzo de 2023

SUSCRIBEN:

Carmen Teresa Albanes, Milos Alcalay, Claudio Bifano, Roberto Casanova, Werner Corrales Leal, Santiago Clavijo A., Arnoldo J. Gabaldón, Douglas Jatem, Sary Levy, Ángel Lombardi, Néstor López Rodríguez, José Mendoza Angulo, Vladimiro Mujica, Juan Pablo Olalquiaga, Alberto Ray, Asdrúbal Romero, Benjamín Scharifker, Genry Vargas.