La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó este martes, 20 de febrero, la expulsión de Venezuela de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (Oacnudh), que ordenó el ejecutivo de Nicolás Maduro el pasado 15 de febrero.
«La CIDH comparte las preocupaciones de la Oacnudh respecto del trato dado a personas percibidas como opositoras al gobierno. La Comisión ha documentado detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, la ausencia del debido proceso, encarcelamientos indefinidos y desapariciones forzadas de personas opositoras y defensores de derechos humanos», dijeron en un comunicado.
Recordaron que ante estos hechos en el pasado dictaron medidas cautelares a favor de presos políticos venezolanos, en las que pidieron al gobierno de Maduro «garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas detenidas, incluyendo mediante condiciones carcelarias adecuadas».
El fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, confirmó este lunes que la expulsión y el cese de actividades de la Oacnudh se dio cuando calificaron la detención de la activista y defensora de DDHH Rocío San Miguel como un caso de desaparición forzada.
El mismo Maduro dijo en su programa semanal que la instancia «se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela», los mismos argumentos que horas antes había emitido Saab en una rueda de prensa en la que presentó supuestas pruebas contra San Miguel.
Piden que vuelva la Oficina de DDHH
La Cidh pidió al gobierno a revertir la expulsión de los 13 funcionarios, que la agencia española Efe confirmó se encuentran en Panamá, desde donde continuarán su trabajo sobre Venezuela.
«La Comisión exhorta a Venezuela a revertir de manera inmediata esta decisión, reanudar actividades con la Oacnudh y liberar inmediatamente a la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, demostrando pruebas tangibles de compromiso con los derechos humanos y una reconstrucción democrática».
Además, solicitaron una visita a Venezuela, petición que en el pasado ha sido rechazada por Miraflores.