El gobierno Petro, con su visión conservacionista acorde con un nuevo orden global ambiental, debe cerrar toda posibilidad a las transnacionales para que ganen saqueando nuestros recursos naturales (en detrimento de nuestra agua y los ecosistemas estratégicos, como lo son nuestros páramos, las fábricas de agua por excelencia en el país) o, en su defecto, ganen desangrando las finanzas del Estado colombiano, por medio de demandas estratosféricas en los tribunales internacionales, al no satisfacer sus objetivos extractivistas, y a la luz de inequitativos y onerosos Tratados de Libre Comercio (TLC) o Acuerdos de Inversión, con cuya firma el país comienza a ceder en gran parte su soberanía.

De acuerdo con cifras, actualizadas a finales del año pasado, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), hay doce demandas en curso y siete más en etapa previa, por un valor aproximado de 9.8 billones de pesos, de empresas transnacionales provenientes de cinco países: EEUU, Canadá, Reino Unido, Suiza y España.

Por ello, comunidades afectadas, organizaciones sociales nacionales y organizaciones aliadas internacionales han solicitado al gobierno colombiano “revisar integralmente y retirarse de tratados que permiten demandas de empresas multinacionales mineras como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle, ante tribunales diseñados para favorecer sus intereses incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente”, afirma el comunicado.

Las cuantiosas demandas “se derivan del mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado (SCIE, o ISDS, por sus siglas en inglés: Investor-State Dispute Settlement), incluido en Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversiones, que permite a los inversores extranjeros demandar unilateralmente a los países cuando sus gobiernos, legítimamente y en cumplimiento de sus obligaciones, adoptan cambios normativos, regulatorios, políticas públicas o decisiones judiciales en favor de derechos de comunidades y de la protección de ecosistemas esenciales para la vida”.

Un importante aporte del comunicado, que el gobierno colombiano debe tener muy presente, es que “un informe del grupo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que las obligaciones de proteger los derechos humanos son incompatibles con estos tratados de inversión y sus tribunales, y recomendó a los Estados renegociar o salirse de dichos tratados. Por todas estas razones, varios gobiernos del sur y norte global han hecho esto justamente”.

Dos demandas contra los intereses de nuestro país corroboran esta nefasta situación.

Primero, la demanda que la transnacional canadiense Eco-Oro (antes Greystar) interpuso ante el tribunal internacional del CIADI, del Banco Mundial, en contra del Estado colombiano por 736 millones de dólares, al no permitírsele desarrollar su proyecto de megaminería a cielo abierto en el páramo de Santurbán (la Resolución 1015/mayo/2011, del Ministerio de Ambiente, negó la licencia ambiental al proyecto), a la luz del Tratado de libre comercio que el gobierno Uribe, en 2008, suscribió con Canadá. En primer dictamen, el tribunal de arbitramento determinó que Colombia infringió el artículo 805 del acuerdo en mención, que trata sobre el trato justo y equitativo de los inversionistas. Aún está por conocerse la cuantía que deberá pagar el Estado por la infracción sentenciada por el CIADI.

Segundo, la demanda de la transnacional suiza Glencore, propietaria de Carbones del Cerrejón, contra el Estado, por el fallo de la Corte Constitucional que, en Sentencia SU-698 (2017), en favor de los derechos del pueblo Wayúu, suspendió la expansión de uno de los tajos de la mina de carbón a cielo abierto en La Guajira, a costa de la desviación del arroyo Bruno, importante afluente del río Ranchería, fuente hídrica vital para la región, y que ya habíamos explicado aquí, en “Glencore:¡retire la demanda contra Colombia, https://bit.ly/3iSAxuK.

Por ello el comunicado insta al gobierno colombiano a revisar los Tratados de inversión que incluyen el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado, y a salirse de este ¡sistema injusto, arbitrario y colonialista!, concluye.

Adenda: En este mismo espacio, que me brinda generosamente Visión la Revista Latinoamericana, ya había compartido mis preocupaciones al respecto, en “Los TLC: otra amenaza para nuestra agua y páramos”, ver: https://bit.ly/3PyTKfN , “La invaluable investigación del Ombudsman del Banco Mundial” , https://bit.ly/3aJUdNB, “Gobierno Petro: nuevos aires para la protección y conservación ambiental”, https://bit.ly/3z3aKpa y “Glencore:¡retire la demanda contra Colombia, https://bit.ly/3iSAxuK ; y en otros medios, como la Revista 100 Días del CINEP (Compañía de Jesús): “Por el agua y los páramos: retos del gobierno Petro, https://bit.ly/3XkMict ; en El Espectador: “Paramos: entre su explotación y las demandas al Estado” , https://bit.ly/3Pu9sss ; en Razón Pública: “Protección de los páramos: los tres retos del nuevo gobierno”, https://bit.ly/3iIEx15, “Petro protegerá Santurbán y los demás páramos”, https://bit.ly/3GOUNWd, y “Agua vs.TLC: el verdadero problema de la minería en los páramos” ,https://bit.ly/3QK1ygB .

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de VISIÓN, La Revista Latinoamericana.