EDITORIAL
Fuertes indicios y magros resultados
El erario ha pasado por tantas malversaciones, saqueos y adjudicaciones a dedo que resulta intolerable cualquier tipo de discrecionalidad.
Es llamativa la preferencia hacia un proveedor de las portuarias Santo Tomás de Castilla (Empornac) y Quetzal (EPQ), a través de un voluminoso monto de adquisiciones como “proveedor único” durante los cuatro años del anterior gobierno. Además, uno de sus socios fundadores fungió como subinterventor de dicha entidad. Tal confluencia de factores ya era —y es— un indicio para disparar alertas y verificaciones de la Contraloría General de Cuentas y también del Ministerio Público.
Tal proveedor, Alel, S. A., vendió 20 montacargas por un monto de Q68 millones, en una adquisición que bien pudo ser una licitación internacional para conseguir mejor calidad y precio, si es que eso se hubiese querido. La maquinaria entregada el 20 de enero no cumple con las especificaciones necesarias, según las actuales autoridades de la portuaria. Alel, S. A., opera bajo tres nombres comerciales y su domicilio fiscal se encuentra en Puerto Barrios, Izabal. Esto en sí no tiene nada de malo, pero todo comienza a ponerse extraño cuando se examina el giro de negocios de la empresa. Abarca prácticamente de todo.
Uno de sus expendios es una venta de pantalones llamada Colombia’s Boutique, pero en la inscripción se anota que también podría dedicarse a la “extracción, procesamiento, distribución, comercialización, transporte, importación, exportación, representación, asesoría, alquileres y compraventa de todo tipo de materia prima, productos y mercancías, en especial servicios tecnológicos, vehículos, servicios de transporte de personas, constructora y otros negocios lícitos”. Pero lo llamativo es el incremento de adquisiciones entre el 2020 y el 2023 por Q368 millones como “proveedor único”, es decir, prácticamente sin competencia.
El asunto evoca favoritismos y lesivos arreglos vividos en el país durante el período del extinto y nefasto Partido Patriota. De hecho, si se observan las compras efectuadas a Alel, S. A., desde el 2012, el monto asciende a Q404 millones. Entre lo adquirido hay materiales eléctricos, sistemas de vigilancia costera, una estación meteorológica, radiotransmisores, portacontenedores y hasta detectores de drogas y explosivos. Debe ser un prodigio de compañía para poder abarcar tantos campos y llama a duda cómo ha logrado hacerse de tantos y tan voluminosos contratos. Es urgente una auditoría forense y, de haber algún ilícito, la denuncia correspondiente.
El erario ha pasado por tantas malversaciones, saqueos y adjudicaciones a dedo que resulta intolerable cualquier tipo de discrecionalidad, dedicatoria o amaño de concursos, incluso bajo condiciones de aparente urgencia. Esto trae a colación gastos opacos cuyas consecuencias legales aún no termina de dilucidar el Ministerio Público, tal el caso de la adquisición, bajo contrato de secretividad, de ocho millones de vacunas rusas anticovid, por las cuales se pagaron Q614 millones al contado, que se recibieron a plazos y de las cuales se perdió la mitad, pues primero llegaron donativos de países amigos. Otro fraude aún sin castigo es la compra fraccionada de equipo para el Hospital de Chimaltenango por Q67.9 millones, hecho en el cual figura como sindicado el exviceministro de Salud Gerardo Hernández, quien busca una admisión de cargos por simple “incumplimiento de deberes”, pese a su papel en la trama. También está varado el juicio por el fraude del Libramiento de Chimaltenango y las adquisiciones lesivas de alimentos para la Secretaría de Obras Sociales durante la administración de Alejandro Giammattei. Todavía no existe causa judicial, y ello denota otro posible incumplimiento.
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